24-01-2022 / 17:20 h EFE

El Tribunal de París fue este lunes el escenario de un procedimiento inédito para reclamar una indemnización de 1.000 millones de dólares a tres de los mayores grupos químicos mundiales por los daños causados por uno de sus pesticidas a cientos de campesinos nicaragüenses.

El reputado abogado francés Pierre-Olivier Sur y su colega Clara Gérard-Rodríguez, se encargaron de defender los intereses de 1.234 agricultores de Nicaragua en el juicio en la primera sala civil del Tribunal de París contra Shell Oil, Dow Chemical y Occidental Chemical.

El diario Le Figaro explicó que la razón de que este asunto sea abordado por la Justicia francesa es que los tribunales de Estados Unidos se negaron a ejecutar las sentencias que se dictaron en 2002 y 2007 en Nicaragua, y que obligaban a esas tres compañías a compensar a las víctimas de un pesticida comercializado con los nombres de Nemagon y Fumazone.

Esas sentencias consideraban demostrado que las tres empresas vendieron ese producto en el país centroamericano a pesar de que había sido prohibido en Estados Unidos desde 1977 por los efectos dañinos que causaba en quienes lo utilizaban, en particular para los bananeros.

Efectos entre los que estaban cánceres de próstata y de hígado, así como problemas neurológicos que daban lugar a ceguera e infertilidad.

Los jueces estadounidenses no estimaron dignos de confianza los dictámenes de los tribunales nicaragüenses, de los que sospechaban haberse dejado arrastrar por prácticas de corrupción que el abogado Sur cuestionó, en declaraciones a Le Figaro.

"¿Corrompidos por quién? Las víctimas están todas muertas y no tenían un centavo. Es una lucha entre David y Goliat", indicó.

Para tratar de conseguir el pago de las indemnizaciones en París amparándose en los bienes de Shell Oil, Dow Chemical y Occidental Chemical, los abogados que defienden los intereses de los campesinos nicaragüenses se basan en el principio jurídico del exequátur.

Se trata de un principio utilizado sobre todo en los casos de divorcio para reconocer una sentencia extranjera.

En esta ocasión, se ha elegido Francia por varias razones. La primera es que desde 2012 cualquier decisión de exequátur es de ejecución inmediata en todos los países de la Unión Europea.

Además, el mecanismo de responsabilidad civil en Francia, que deriva del Código Napoleónico, fue transcrito literalmente en el ordenamiento jurídico de Nicaragua.

 
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