28-01-2022 / 23:30 h EFE

Un grupo de familiares de los denominados "presos políticos" de Nicaragua exigió este viernes la libertad incondicional para dichos convictos, luego de que la principal patronal del país abogó por un diálogo para superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018.

"Saludamos y manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la preciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos detenidos injustamente", señaló en una declaración ese grupo compuesto por familiares de 38 reos, incluyendo cuatro dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de competir por la Presidencia.

"Reiteramos nuestro interés en que su libertad sea inmediata, incondicional, con nulidad de juicios y restablecimiento pleno de sus garantías", agregó el bloque familiar.

En la víspera, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, se pronunció a favor de un tercer diálogo nacional con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, para superar la crisis que permanece desde hace 45 meses.

La propuesta del Cosep, que mantuvo una estrecha alianza con Ortega hasta el estallido social de abril de 2018, fue promulgada en un comunicado en el que brindó su apoyo a otra parte de familiares de "presos políticos" que previamente demandaron "un proceso que unifique a toda la ciudadanía nicaragüense", y que algunos han visto como la posibilidad de un nuevo diálogo.

Al respecto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco indicó que "la liberación de todos las personas presas políticas es una necesidad que trasciende ideologías y estrategias políticas".

"Su secuestro y los procesos judiciales son violatorios de sus derechos humanos y de sus derechos políticos y sociales", alegó.

Entre los "presos políticos" se encuentran siete que fueron encarcelados tras anunciar su interés de competir con Ortega en las elecciones del 7 de noviembre pasado, en las que el exguerrillero sandinista resultó reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto de forma consecutiva.

También hay dos expresidentes y un exvicepresidente del Cosep, funcionarios de antiguos gobiernos, exguerrilleros sandinistas disidentes, empresarios, periodistas, profesionales, entre otros.

El Gobierno de Nicaragua acusa a los 170 de faltas consideradas "traición a la patria" y de delitos económicos, y se refiere a ellos como "terroristas".

Los familiares de los "presos políticos" sostienen que estos son inocentes.

 
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