07-02-2022 / 23:10 h EFE

El registro de una emisora de radio generó polémica y diversas reacciones en los últimos días en Uruguay, donde este lunes representantes de la Asociación de la Prensa (APU) se reunieron con el fiscal de Corte, Juan Gómez.

Esta actuación tuvo lugar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía por presunta violación del artículo 92 de la ley 19.580 de violencia basada en género contra las mujeres, después de que la emisora Azul FM emitiese fragmentos del audio de un video con contenido sexual sin consentimiento de las personas involucradas.

Estos estaban relacionados con el caso de una presunta violación grupal a una mujer de 30 años, por el que 3 adultos fueron imputados por "abuso sexual especialmente agravado" y enviados a prisión preventiva por un máximo de 180 días.

Según la defensa, el video, cuyo audio fue filtrado antes de que fuera aportado como prueba en la investigación, refleja que la relación sexual fue consensuada.

Este lunes, representantes de APU mantuvieron un encuentro con el fiscal de Corte, quien luego de la reunión aseguró que la Fiscalía es "garante" del derecho a la libertad de prensa y defendió el accionar "ajustado a derecho" del ente tras las críticas vertidas por el registro de la emisora de radio, el viernes pasado.

Gómez remarcó que la Fiscalía vela por los derechos "de todos los periodistas" y explicó que el procedimiento, por el que se revisaron dispositivos electrónicos, solo tuvo como finalidad la obtención de los audios filtrados, que, acotó, fueron entregados por la dirección del medio "sin dificultad".

En el procedimiento también se pidió el registro de la casa del periodista y conductor del programa, Ignacio Álvarez, y la incautación de su teléfono celular, lo que, según reconoció este lunes el fiscal, podría vulnerar su derecho al secreto profesional y, por ello, no tendrán lugar.

El registro de la emisora generó una oleada de rechazo por parte de periodistas y políticos, e incluso APU emitió un comunicado expresando su preocupación por el procedimiento, ya que podía "derivar -entre otras graves consecuencias- en la violación de un principio sagrado para el trabajo periodístico como es la reserva de fuentes".

El caso de la presunta violación grupal ha generado una gran conmoción en las últimas semanas en Uruguay, donde colectivos feministas convocaron una marcha el día 28 "contra la cultura de la violación" y expresaron su repulsa por la emisión en radio de unos fragmentos de audio que exponían innecesariamente a la víctima.

La mujer de 30 años presentó una denuncia por violación grupal el 23 de enero, después de conocer a un hombre en un bar e ir con él a su casa para mantener relaciones sexuales. Según explicó, posteriormente aparecieron dos hombres más y entre los tres abusaron de ella.

Además de los tres adultos, hay implicado un menor, cuyo caso discurre por la Fiscalía de Adolescentes.

 
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