El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó este viernes la "dura sentencia" de nueve años de cárcel dictada, el pasado miércoles en Nicaragua, contra el popular cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente de ese país, Daniel Ortega, y exigió su liberación.
"Las autoridades nicaragüenses deberían liberar al periodista Miguel Mendoza Urgina inmediatamente, y asegurarse de que los miembros de la prensa no se enfrenten a penas criminales por su trabajo", asegura un comunicado de CPJ enviada hoy a los medios.
Mendoza, que utilizaba sus redes sociales para criticar al Gobierno de Ortega, fue además inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante otros nueve años tras ser acusado de un delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.
El juez Luden Quiroz García, del juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua, también ordenó decomisar todos los bienes del cronista deportivo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
"Todo el proceso penal contra el periodista nicaragüense Miguel Mendoza no ha sido más que un claro intento de las autoridades por silenciar a toda persona que se atreva a cuestionarlas", dijo en el comunicado la coordinadora de CPJ para América Latina y el Caribe, Natalie Southwick.
"Mendoza nunca debió haber sido arrestado, ni pasar siquiera un solo día en la cárcel. Esta dura sentencia demuestra con más claridad que nunca que el Gobierno de Daniel Ortega considera a los periodistas críticos como opositores políticos que deben ser reprimidos", agregó.
Mendoza fue detenido en junio de 2021 durante una ola de arrestos de dirigentes opositores y críticos del sandinismo, en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Mendoza se había convertido en uno de los personajes más seguidos en redes sociales en Nicaragua debido a sus denuncias sobre los ataques contra manifestantes antigubernamentales en 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200 y denunciado que se trató de un intento de golpe de Estado.
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