20-04-2022 / 23:30 h EFE

El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil aplazó este miércoles por 20 días la audiencia en que decidirá si aprueba la privatización de Eletrobras, mayor empresa eléctrica de Latinoamérica, con lo que puso en duda la posibilidad de que el proceso concluya antes de las elecciones de octubre.

El tribunal, un órgano fiscalizador vinculado al Congreso, inició hoy la audiencia en que analizaría la venta del gigante eléctrico y, pese a que el instructor del proceso votó favorablemente, la decisión de un magistrado de pedir más plazo para analizar la venta obligó al órgano a programar una nueva audiencia en 20 días.

La privatización de Eletrobras, que puede rendirle al Estado unos 21.300 millones de dólares, es prioridad del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pero el propio Gobierno reconoce que si la venta no se realiza en el primer semestre de 2022 tendrá que aplazarla por tiempo indeterminado debido a las presidenciales de octubre.

Los miembros del tribunal consideran que un aplazamiento de 20 días no compromete el cronograma y que la venta podrá realizarse a finales de junio -y ya no a comienzos de junio como previsto- pero admiten que cualquier otra dificultad inviabiliza todo el proceso.

En la audiencia de este miércoles, el instructor del caso en el tribunal, el magistrado Aroldo Cedraz, aprobó el proceso de privatización tal y como lo propuso el Gobierno y fue aprobado por el Congreso, aunque solicitó una revisión del precio en que será ofrecida la empresa por considerar que el Ministerio de Economía no tuvo en cuenta todo el potencial de la eléctrica.

Tras el voto del instructor, la discusión del proyecto fue suspendida debido a que el magistrado Vital do Rego alegó que necesitaba de más plazo para analizar el proceso y discutirlo con la sociedad y el mercado, una opción prevista en el reglamento.

Pese a que Vital do Rego solicitó inicialmente un plazo de 60 días para analizar el proceso, el magistrado Jorge Oliveira, que fue ministro de Bolsonaro y postulado como miembro del tribunal por el líder ultraderechista, le solicitó que reconsiderara el período solicitado para no comprometer la privatización de la empresa.

Oliveira alegó que un aplazamiento de 60 días tendría un "impacto directo" en el cronograma y terminaría por cerrar totalmente la "ventana de oportunidades" que suscita el negocio.

Ante la petición de Oliveira, Do Rego aceptó reducir el plazo de análisis a 20 días, el mínimo previsto en el reglamento, con lo que satisfizo a los magistrados que quieren que la venta sea concluida como máximo en junio.

"Aunque no me siento presionado, considero que el tribunal no pude rasgar la Constitución por la prisa en un negocio. Es falso que un aplazamiento cierre la ventana de oportunidades ante la proximidad de las elecciones. Pero para atender a los magistrados prescindo de los 60 días que quería y acepto analizar el caso en 20 días", afirmó.

Al justificar su petición por más tiempo, el magistrado dijo que el Gobierno no calculó el impacto que la privatización tendrá en la cuenta de luz de los consumidores de energía.

Poco antes, el instructor del caso solicitó que el Gobierno realice un nuevo estudio técnico para calcular el precio de la empresa y tenga en cuenta los ingresos que Eletrobras tendrá a largo plazo y no sólo hasta el momento de su venta.

De acuerdo con la ley aprobada por el Congreso en junio del año pasado, el Gobierno podrá privatizar Eletrobras mediante la emisión de nuevas acciones de la estatal que serán vendidas en bolsa en una subasta en la que el Estado no participará.

Según cálculos provisionales, la privatización de Eletrobras, a través de ese proceso de capitalización, podría rendirle al Estado brasileño unos 21.300 millones de dólares y reducir su participación en la empresa del actual 60 % hasta un 45 %.

Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado una "acción dorada", que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

Eletrobras, responsable por un tercio de la generación en Brasil, posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios (MW).

 
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