26-04-2022 / 22:50 h EFE

Varias víctimas de una operación militar que dejó 11 muertos en el departamento colombiano del Putumayo aseguraron este martes que no es cierto que ellos sean guerrilleros como lo dice el Gobierno colombiano, que ha defendido la acción porque se estaba combatiendo a las disidencias de las FARC.

Las víctimas dieron sus testimonios en la Cámara de Representantes donde el ministro colombiano de la Defensa, Diego Molano, afronta una moción de censura por su responsabilidad política en los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo.

Una menor de edad, que tiene tres meses de embarazo y que fue presentada en su momento como guerrillera, negó que pertenezca a algún grupo alzado en armas.

"Me acusaron como guerrillera. Tengo tres meses de embarazo y además tengo un proyectil cerca de mi columna poniendo en riesgo, la vida mía y de mi hijo", dijo la mujer en su corta intervención.

El presidente colombiano, Iván Duque, informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.

Por su lado, Argemiro Hernández España, el papá de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío El Remanso -el lugar donde ocurrieron los hechos- dijo que la población no era de ningún grupo guerrillero.

Recordó que la esposa de su hijo, una mujer de 24 años, también murió en la operación militar, y que dejó dos hijos de tres y seis años, respectivamente, y que fue presentada con un alias como si fuera guerrillera.

"Ella es Ana Sarria, es mi nuera que murió junto con mi hijo", dijo compungido.

Por su lado, la gobernadora del cabildo indígena del Bajo Remanso, Yarley Ramírez Chany, señaló que se les acusó de guerrilleros y reiteró que el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche, no era "nada de eso" y que "la única arma que portaba era su bastón de mando".

Luego de cinco horas, la sesión continuaba sin que hasta el momento hubiese intervenido el ministro Molano o algún miembro del mando militar.

Además de afrontar la moción de censura en la Cámara de Representantes, el ministro estaba citado este mismo martes en el Senado a un debate de control político por su responsabilidad política en una operación militar del 28 de marzo.

Esa operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que aseguran que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes que participaban en un bazar en un caserío de la zona rural de Puerto Leguízamo.

 
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