17-05-2022 / 18:30 h EFE

La Unión Europea (UE) señaló este martes que la reelección de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, anunciada el lunes por el presidente del país, le genera "preocupación" sobre el "compromiso de las autoridades guatemaltecas de hacer frente a la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial".

"Bajo la supervisión de esta Fiscal General, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel. Esto ha dado lugar a sus detenciones y a la pérdida de su inmunidad judicial", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La declaración advierte que las acciones de la fiscal "forman parte de un patrón más amplio de intimidación y acoso que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país", una situación que este mismo lunes denunciaba ante la Eurocámara el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordan Rodas Andrade.

La mayoría de los exiliados del sector judicial son fiscales que participaron en el combate anticorrupción en el país que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte del Gobierno.

El portavoz de la diplomacia comunitaria advirtió de que el Estado de Derecho y unas instituciones independientes fuertes "son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala" y apuntó a que el papel del fiscal general es "crucial" en ello.

"Es esencial que esta función se lleve a cabo con integridad, imparcialidad y en pleno respeto del orden constitucional, y evitando acciones que tengan como efecto dañar la independencia judicial", añadió.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reeligió este lunes a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por un nuevo período de cuatro años, pese a que en septiembre pasado fue acusada por Estados Unidos de "obstruir" la justicia después de que retirara de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

 
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