24-05-2022 / 22:40 h EFE

Decenas de mujeres, provenientes de una zona campesina del occidente de El Salvador, pidieron este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema la libertad de sus familiares detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo y denunciaron la arbitrariedad de los arrestos.

Esposas, madres y hermanas de los detenidos viajaron desde la zona campesina conocida como el Bajo Lempa hasta la sede de la Corte Suprema en San Salvador para presentar habeas corpus a favor de unas 40 personas, en su mayoría hombres jefes de hogar, y negaron que sean pandilleros o tengas vínculos con estos.

"Soy trabajador, no pandillero", "Exigimos que liberen a nuestros hijos", "¡Alto a las detenciones arbitrarias!" y "basta de perseguir a jóvenes inocentes ¡Liberad!", se leía en los carteles que portaban.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, son 34.216 las personas detenidas bajo el régimen de excepción, capturas de las que el presidente Nayib Bukele ha dicho que un 1 % pueden ser "error".

"Exigimos libertad para nuestros presos, queremos que agilicen el proceso para su investigación, queremos de manera inmediata verles y saber sobre su estado de salud y alimentación", pidieron en un comunicado leído antes de presentar los habeas corpus.

Los familiares relataron a periodistas que las detenciones se dieron principalmente de noche, sin orden administrativa de detención y sin orden de allanamiento.

Marta Galicia dijo que su hija Silvia, quien es la principal proveedora de su hogar, fue detenida y los policías "no le dijeron por qué la agarraron".

Desde el momento de la detención, Marta solo ha podido ver a su hija desde lejos, cuando era trasladada de un centro de detención, y señaló que les han prohibido la visita.

La presentación de los habeas corpus fue acompañado por representantes de las organizaciones no gubernamentales Comunidades Eclesiásticas de Base, Tutela Legal "María Julia Hernández" y Cristosal.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, dijo en rueda de prensa que esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva estos procesos, al igual que otros 12 presentados a inicios de mayo. De acuerdo con información de las organizaciones sociales, el sistema judicial ha recibido 117 habeas corpus.

"La presunción de inocencia no ha sido derogada ni tan siquiera limitada" en el régimen de excepción, indicó Mauricio y señaló que las autoridades no poseen "ninguna prueba" para condenar a estas personas.

Ruth López, de la organización Cristosal, llamó a la Sala de lo Constitucional a "revisar cada uno de los casos", dado que los detenidos no tuvieron la oportunidad de una defensa.

"Los defensores públicos ha tenido que ejercer una defensa muy débil", sostuvo López y criticó que los jueces están ordenando la detención provisional de manera "automática".

Agregó que "es evidente que existe una desprotección. Estas familias son víctimas no solo de las pandillas sino que también son víctimas del Gobierno".

Solo Cristosal ha recibido unas 700 denuncias por violaciones a derechos humanos, en el marco de un régimen de excepción vigente que se prevé la Asamblea Legislativa amplíe por un mes más.

Dicho régimen se aprobó tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas, situación que de acuerdo a una investigación periodística de El Faro se dio por la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha (MS13).

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Agosto 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD