12-07-2022 / 0:00: h EFE

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó este lunes "enérgicamente" una declaración del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que pidió la liberación de las personas detenidas en la isla tras las protestas antigubernamentales del pasado 11J.

"Cuba rechaza enérgicamente la declaración del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell", escribió el jefe de la diplomacia cubana en su perfil oficial de Twitter.

Rodríguez afirmó que la Unión Europea (UE) "carece de autoridad moral para realizar juicios de valor sobre la realidad cubana".

Las autoridades cubanas niegan que en la isla haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden" organizadas desde el exterior.

El ministro cubano consideró además que el bloque europeo "debería ocuparse de sus propios problemas y las frecuentes violaciones de derechos humanos en sus Estados miembros".

En un comunicado emitido hoy en nombre de la UE, Borrell dijo que durante los pasados doce meses, la UE "ha reiterado su llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos (...) y libere a todos los presos políticos y detenidos, solo por ejercer su libertad de reunión y expresión y continuará haciéndolo".

El pasado marzo en otra declaración, el alto representante de Asuntos Exteriores también consideró "desproporcionadas" una serie de condenas anunciadas por el Tribunal Supremo cubano para los detenidos por las manifestaciones del 11J.

Borrell dijo entonces que, a pesar de que el derecho a la manifestación está garantizado en la Constitución cubana, "este uso de los procedimientos judiciales y tales veredictos sirven para negar a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus puntos de vista de forma pacífica y a exigir cambios".

En esta jornada se cumple un año de aquellas manifestaciones en las que participaron miles de personas en diversas ciudades de la isla para protestar ante la escasez de alimentos básicos y medicinas, la inflación galopante, los cortes de electricidad, la dolarización de parte de la economía y expresar algunas quejas de corte político.

Desde finales de 2021, se han sucedido en Cuba los juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados.

La Fiscalía General de la República (FGR) apuntó en enero que 790 personas han sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Hasta el 22 de junio pasado la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba había informado sentencias en firme contra 488 manifestantes.

De acuerdo con la FGR, las penas de hasta 25 años de cárcel se corresponden con los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.

Familiares de los condenados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —como Justicia 11J y Cubalex— han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.

La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha referido que al menos 1.046 personas se encontraban hasta mayo últimos en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.

 
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