24-08-2022 / 23:00 h EFE

La ministra chilena de Interior, Izkia Siches, dijo que el arresto este miércoles en el sur del país del líder radical mapuche Héctor Llaitul demuestra que "nadie está por sobre la ley" y pidió a los diferentes partidos "no sacar réditos políticos" de una detención que se produce a quince días del importante plebiscito constitucional.

En declaraciones desde el palacio presidencial de La Moneda, escasas horas después del arresto, la ministra subrayó que como Gobierno quieren "constatar que el Estado de derecho funciona y nadie está por sobre la ley. Hoy está en manos del Poder Judicial poder seguir con el proceso que ya está en curso", afirmó.

"Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en La Araucanía, Bio Bio, Los Eíos, en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen", agregó.

Al hilo de este argumento, la ministra recordó que "las querellas que han materializado" y subrayó que "esta detención es por una acumulación desde 2020 a la fecha, que incorpora las acciones" del propio Gobierno.

"Es por eso que desde el día de mañana nuestros equipos jurídicos van a participar de la audiencia y solicitar las medidas cautelares según los hechos delictivos que sean analizados por los equipos jurídicos", remarcó.

Sobre los motivos del arresto, que según la versión policial se produjo en torno a las 13.30 horas local en un restaurante de la localidad meridional de Cañete sin que Llaitul opusiera resistencia, la ministra explicó que "algunos de los delitos contemplan la Ley de seguridad del Estado, robo de madera o hurto como delito común, usurpaciones violentas".

"Quiero reiterar el llamado transversal a todos los sectores a tomar con prudencia estos anuncios, nuestro gobierno está activamente trabajando, recordar que existe un estado de excepción constitucional vigente en la zona y estamos tomando todas las medidas para que los procesos eleccionarios se vivan con naturalidad.

La detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia presentada por la Administración del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) y ampliada el pasado julio por el Gobierno actual.

 
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