Los familiares de la defensora de derechos humanos Eveling Pinto, de 63 años, solicitaron este viernes al Gobierno de Nicaragua que facilite atención médica especializada a la convicta, que además de ser sobreviviente de cáncer, sufre insuficiencia renal crónica.
"Demandamos atención médica especializada y la realización de exámenes especializados por su insuficiencia renal crónica y controles hormonales, por ser sobreviviente de cáncer", pidió la hija de Pinto, Silvia Gutiérrez, a través de una videoconferencia desde el exilio.
En marzo pasado, la defensora fue condenada a ocho años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos en Nicaragua, tras ser declarada culpable de delitos considerados traición a la patria y propagación de noticias falsas.
Pinto es una veterana defensora de los derechos de la niñez y la adolescencia desde su trabajo en el organismo Fe y Alegría, así como de las mujeres y de los pueblos indígenas.
La defensora fue capturada el 6 de noviembre de 2021, en la víspera de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Según sus familiares, Pinto es una sobreviviente de cáncer y sufre de hipertensión e insuficiencia renal crónica, por lo que necesita atención médica especializada.
"Su condición de persona con insuficiencia renal crónica es una bomba de tiempo, de forma silenciosa sus riñones pueden estar sufriendo daños irreversibles", afirmó Gutiérrez, quien insistió en reclamar la libertad "inmediata e incondicional" para su madre.
El abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Gonzalo Carrión lamentó la situación de Pinto y de más de 200 reos considerados presos políticos.
En agosto pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Pinto "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua".
El Gobierno de Ortega no ha respondido a ninguna de las demandas de los familiares de los denominados presos políticos ni de la CIDH.
Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como traición a la patria o lavado de dinero.
El presidente Ortega ha tildado a los opositores presos de "traidores a la patria", "criminales" e "hijos de perra de los imperialistas yanquis".
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