Santa Cruz, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, vive el día 14 de la huelga indefinida y los bloqueos de carreteras para exigir el censo en 2023 y no en 2024, horas antes que se reúna la mesa técnica convocada por el Gobierno para definir la fecha de esta encuesta nacional.
Las protestas reclaman que se realice el censo poblacional en 2023 para que sus resultados se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales, y no en 2024, como defendía el Gobierno.
Esta situación ha generado la escasez de algunos alimentos en los mercados y la falta de combustible, ya que las cisternas no pueden ingresar a la refinería porque hay un grupo de personas contrarias a la huelga, afines al Gobierno de Luis Arce, que no dejan acceder a ellas.
Es así que los vecinos se organizaron para desbloquear las vías y despejarlas, de modo que las cisternas varadas puedan llegar hasta la refinería Guillermo Elder Bell.
Previamente, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había informado en un comunicado de que suspendió la salida de cisternas en Santa Cruz "ante la amenaza de que grupos de choque pretenden generar actos de violencia".
Cuando las cisternas empezaron a avanzar, el grupo que rechaza la huelga indefinida ya no estaba en las puertas de la refinería donde realizaban su protesta.
La mañana de este viernes, decenas de cisternas están en las puertas de la refinería a la espera de que se pueda acceder a ella.
Además, el transporte pesado también cerró vías en carreteras que unen Cochabamba hacia Santa Cruz exigiendo una solución, ya que se ven perjudicados por las medidas de presión, y advirtieron con cerrar otras vías si no se logra un acuerdo.
LA MESA TÉCNICA
Esta situación se da a horas de la instalación de una mesa técnica para fijar la fecha definitiva del censo de población y vivienda, que tendrá lugar este viernes por la tarde en la ciudad amazónica de Trinidad.
Entre los sectores convocados están los nueve Gobiernos departamentales, las alcaldías, las once universidades públicas, las asociaciones municipales y representantes de los Gobiernos autónomos indígenas.
También participarán organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade/Cepal).
El comité cruceño que impulsa el censo en 2023 anunció que asistirá a la reunión, mientras que el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, sostuvo que no participará y que no cree "en la voluntad del Gobierno" e instó a mantener la huelga indefinida.
Semanas atrás hubo un par de intentos fallidos de diálogo entre el Gobierno y los líderes cruceños.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), llamaron al Estado a "tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica" y "fortalecer los procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones".
A esto el Gobierno respondió que "saluda y comparte" las recomendaciones de la CIDH al respecto.
La Defensoría del Pueblo manifestó por su parte que hay "vulneración masiva" de derechos humanos en el conflicto en Santa Cruz.
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