Una coalición de ONG brasileñas e internacionales que denunció al grupo francés Casino por vender productos asociados con la deforestación negó este jueves la posibilidad de resolver el litigio con una mediación, según un comunicado divulgado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
La denuncia, realizada en marzo de 2021, alega que el gigante francés -dueño del Grupo Pao de Açucar brasileño y de la cadena colombiana de supermercados Éxito- vendió carne bovina procedente de tierras asociadas a acciones de deforestación o apropiadas ilegalmente en reservas indígenas de Brasil y Colombia.
De acuerdo con la coalición, de la que forman parte once organizaciones brasileñas, colombianas, francesas y estadounidenses, "el litigio no se presta para una solución negociada con la empresa sin un debate público sobre su responsabilidad".
El comunicado divulgado por la CPT, organización vinculada al Episcopado de la Iglesia Católica brasileña, señala que tras la presentación de la denuncia fue realizada una audiencia el pasado 9 de junio en la que el juez propuso que las partes aceptaran una mediación, lo que fue negado por los demandantes.
"Esta demanda plantea asuntos fundamentales sobre la responsabilidad de una empresa por destruir ecosistemas y violar los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía", señala el comunicado.
Para el grupo, es "imperativo" que el caso sea objeto de un debate público y de una decisión judicial.
"No se puede resolver con una solución negociada a puerta cerrada, y mucho menos confidencialmente", agrega.
Los demandantes son la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab), la Federación de Pueblos Indígenas de Pará (Fepipa), la Federación de Pueblos Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Envol vert, France Nature Environnement, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous, Sherpa y la asociación Canopée.
Según la coalición, la Ley sobre Diligencia Debida permite llevar ante la Justicia casos de abusos contra los derechos humanos y el medioambiente causados por las actividades de empresas multinacionales, que antes solo podían tratarse mediante "negociaciones desequilibradas o mecanismos extrajudiciales deficientes".
El grupo también indica que mientras los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana sufren con ataques y una deforestación "sin precedentes", el Grupo Casino solo se ha limitado a afirmar que cumple con la ley y que los pedidos de las organizaciones no son adecuados.
"Dada la urgencia de la situación, es fundamental evitar demoras innecesarias en la obtención de un fallo judicial, que es la única forma de obligar a Casino a tomar medidas reales para detener el daño", insistió la coalición.
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